Han pasado treinta y
tres años desde que se aprobó la Constitución española. Desde entonces ha
llovido mucho. Y sin embargo ahí sigue la Carta Magna, sobre nuestras cabezas,
sin inmutarse.
Esta ley de leyes
nació en un momento difícil, durante la transición de un Estado totalitario a
uno democrático, y se aprobó a sabiendas de que era una Constitución de un
momento dado, donde lo importante era salir de aquella oscuridad y ver el final
del túnel.
Desde entonces sólo se
ha corregido por dos cuestiones. Una, por imperativo europeo, para que los
residentes europeos no españoles pudieran votar en las elecciones municipales.
La segunda, este mismo año, ha sido para que no se pueda aumentar el déficit.
Una decisión del gobierno saliente y que ha significado el principio de
claudicación del Estado del Bienestar.
Sin embargo, ahí
quedan cuestiones pendientes. Por ejemplo, la forma de Estado. La Monarquía
entró a capón, y fue una cesión de los demócratas para que una parte de los
franquistas se incorporaran a la democracia. Recordemos que el rey actual, Juan
Carlos, fue nombrado por el mismo Franco. Pasó el examen dentro de todo el
paquete constitucional, como si la forma de Estado pudiera entrar por la puerta
falsa, y no debiera votarse en referendo.
Otra cuestión que
merece ser reformada, es la segunda cámara, o sea el Senado. No cumple con las
funciones territoriales para las que fue creado y hoy en día es un parlamento
inútil, ineficaz e innecesario. O se corrige y se le da competencias, o
simplemente se elimina. Hoy sólo sirve como cámara de premio de los grandes
partidos a su gente, bien por servicios prestados o porque no entran en las
listas del Congreso.
Y qué decir de la ley
electoral. Una ley injusta y caprichosa que sirve para beneficiar a los grandes
partidos y perjudica a los pequeños con implantación estatal. Llegando a
extremos democráticos intolerables. Un escaño a un partido le puede costar diez
veces más votos que a otro. Es la hora de corregir esta anomalía democrática.
No tiene ningún sentido que la circunscripción sea la provincia, como viene
marcado en la Constitución.
También habría que dar
un claro impulso a la participación ciudadana. No es posible que el ciudadano
tenga que conformarse con votar cada cuatro años. Como también es muy grande el
número de firmas que se requieren para las ILP (iniciativas legislativas
populares: “referendos”). Hay que buscar cauces de participación, hoy en día,
más fácil con la ayuda de Internet. Es importante que los ciudadanos nos
sintamos involucrados y no utilizados sólo cada cuatro años.
Estas cuestiones
anteriores y seguramente otras son suficientemente importantes como para
reformar la Constitución. Hoy necesita actualizarse, las Constituciones no son
libros sagrados, han de responder a las necesidades del momento y de los
ciudadanos. Y cualquier modificación, sea la que sea, ha de pasar un referéndum
popular, que no ocurra como con la última reforma, la reforma de Los Mercados,
la que nos marca un déficit máximo, que ha sido aprobada por la puerta de
atrás.
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